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Entre AFI´s y Ministerios Públicos
Consignan a nueve agentes federales por corruptos
may-11
16
lunes
08:02 hrs.-
La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República ejercitó acción penal contra un grupo de agentes federales de investigación (ahora policías federales ministeriales) y de agentes del Ministerio Público Federal por conductas que consideró constitutivas de delitos Contra la Administración de Justicia, habiendo obtenido hasta el momento auto de formal prisión contra nueve de los consignados.
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Lo anterior como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación así como por la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, en atención a diversas denuncias recibidas desde 2007 en las que ciudadanos señalaban haber sido víctimas de actos ilícitos cometidos por servidores públicos de la PGR, puesto que reseñaron haber enviado artículos personales y del hogar por conducto del departamento de paquetería de la línea de autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V., los cuales no llegaron a su destino porque, según les avisaron, sus artículos habían sido asegurados por elementos de la AFI, proporcionándoles un número de teléfono celular, para que se comunicaran y se "arreglaran" para obtener la devolución de su mercancía, bajo el argumento de que estarían asegurados por encontrarse relacionados con diversos delitos.

Una vez que se recabaron las probanzas necesarias, se ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien con fecha 18 de abril de 2011 libró orden de aprehensión en contra de 11 elementos de la AFI y 3 agentes del Ministerio Público de la Federación, como probables responsables del delito Contra la Administración de Justicia, previsto por el artículo 225 fracción XVIII del Código Penal Federal, al encontrarse elementos suficientes para tener por acreditado que los indiciados ordenaban o practicaban cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley.

El 4 de mayo de 2011 se dictó auto de formal prisión contra los agentes policiales Franco Rivera Herrera, Carlos Alberto Tapia Morales, Ricardo Martín Gallegos Arellano, Leonel Penagos Flores, José Otilio Salanueva Velázquez, Gerardo Zepeda Carreto, Juan Carlos Ledezma Cruz, Claudio Cortés García, así como contra el agente del Ministerio Público Federal Francisco Javier Esparza Hernández.

Sin embargo, el día de ayer, el referido juez dentro de la causa penal 047/2011-V dictó auto de libertad a favor de Oscar Montes de Oca Rosales y Juan Arturo Martínez López, entonces agentes del Ministerio Público de la Federación, al estimar que ellos no realizaron la conducta delictiva imputada, puesto que únicamente hicieron solicitudes al titular y otros directivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la que se ordenaba designar elementos para que realizaran una investigación en las paqueterías del Distrito Federal, especificándoles que en caso de detectar una mercancía que pudiera ser considerada como elemento o instrumento de algún delito deberían dar aviso a la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal, a efecto de que se acordaran las medidas conducentes, por lo cual la autoridad judicial estimó que dicha orden no puede ser considerada como una autorización para que retiraran la mercancía de las paqueterías.

Dicho auto judicial está siendo analizado por el Ministerio Público Federal a fin de determinar si se apelará ante un Tribunal Unitario de Circuito.

Lo anterior forma parte de las tareas que la Procuradora General de la República ha instruido implementar a la Visitaduría General, que es el órgano de evaluación técnico jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial y de los peritos de la institución, así como de investigación de los posibles delitos e infracciones administrativas en que dichos servidores públicos puedan incurrir, como parte de las acciones orientadas a combatir la corrupción y así recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar la seguridad y la justicia.

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